Política

Validar la democracia

No podemos quejarnos. El régimen muestra, cada vez más, su verdadero rostro. Un rostro de sutil tiranía tras actos aparentemente ingenuos, revestidos de atribuida legitimidad, basada en el “poder del pueblo”.

La soberanía es intransferible. El poder reside en el pueblo. En cada ciudadano que concurre a un proceso electoral y responde –vía su voto- a lo que se le consulta. Sin embargo, el poder primigenio del “pueblo” es intransferible. Es en el pueblo en quien reside la soberanía, no en ningún organismo político por más alta que sea su investidura. Venezuela es una república, sólo en las monarquías absolutistas y en los regímenes dictatoriales existe esa “confusión” entre mandatario y “poder soberano”. Como nos recuerda la historia, las primeras desaparecieron tras levantamientos populares entre finales del siglo XVIII y principios del XIX: la revolución francesa desmontó el horror absolutista que había traído hambre y miseria a la “plebe”. Por ende, sólo en el siglo XX y, al parecer en este siglo XXI, algunos mandatarios hicieron y hacen un esfuerzo por concentrar el poder en organismos constituidos a su medida para oprimir y someter a sus ciudadanos. De esta manera, nace una nueva forma de tiranía, más cruel y tenue, más difícil de reconocer como régimen dictatorial, pero igualmente con pretensiones totalitarias y hegemónicas. Este es el caso de la “involución del siglo XXI”, un régimen montado sobre el “alma” de la montonera golpista del 4 de febrero de 1992 que asesinó a soldados y civiles, con pretensiones de poder, a fin de subvertir el “status quo” democrático de casi cuarenta años. El desprecio hacia la democracia “puntofijista” se percibe, sin ningún disimulo, en todos los discursos del difunto presidente Chávez, al referirse a ese período como “cuarta república”. La ignorancia histórica brota desde ese sentir de “montonera golpista”. Sentimiento que los movió en el ejercicio del poder y que aún los mueve desde el poder, en la persona del actual presidente. Esa es nuestra tragedia. El diálogo sin frutos que adelantó el régimen no fue otra cosa que una demostración de desprecio, no solamente contra la alternativa democrática opositora, sino contra el propio pueblo. Ese mismo pueblo al que confiscaron su alegría, su estándar de vida y su soberanía.

La organización social, en los tiempos de democracia, es un arma invaluable para la defensa del ciudadano. Las individualidades pueden expresar opiniones aceptadas en mayor o menor grado y, que difundidas a través de redes sociales, son conocidas de una u otra forma por el común de sus compatriotas. Sin embargo, sólo la acción social conjunta, el esfuerzo grupal, la acción valiente de gremios, sindicatos, federaciones empresariales, partidos políticos e instituciones religiosas pueden, en forma coherente, articular un cuerpo de acciones para lograr con éxito el fin del oprobio nacional: votar es el arma ciudadana, no hay otra, siempre que existan los lapsos legales correspondientes al proceso electoral y la transparencia del caso. La burla con que el régimen ordena validar partidos, ir a reparos de validación o anular de oficio a organizaciones políticas sin derecho a la defensa, son actos preocupantes para los venezolanos y el entorno internacional. Es así como empezaron con los prisioneros políticos, “presos porque si”, sin cuidar de las formas ni ajustarlas a derecho,  ni fiscales públicos ni lectura de cargos ni defensa. Empezó por individualidades y ahora va por organismos sociales.

Tenemos que validar nuestra democracia. Ello pasa por la comprensión del grave proceso de involución popular y social a que hemos sido sometidos en beneficio de unos pocos. Debemos descubrir que nuestra arma es el voto y que podemos “derrocar” la imposición y la infame burla y desprecio de un grupo que se  apropia de la riqueza nacional en beneficio propio y en desmedro del colectivo nacional. Pero encontramos la barrera de la violación de las meras formas de participación. En 2017, no hubo referendo pues el Consejo Nacional Electoral (CNE) no contaba con recursos y los lapsos eran atropellados, según argumentó el órgano comicial. Ahora tienen recursos para cualquier proceso y los lapsos son convenientes, cualquiera sean las circunstancias. La denuncia internacional y el desconocimiento a priori de países del continente advierten que una justa electoral no puede constituirse en una burla a la consulta ciudadana. Queda de nosotros promover la legalidad y transparencia de la práctica electoral. Tenemos la palabra.


Rafael Martínez N.  –  @rafaelmartinezn


 

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Columnista

Rafael Martínez Nestares

Rafael Martínez Nestares

Economista (UCV). Maestría en Planificación (CENDES). Doctor en Ciencias Económicas y Administrativas. Articulista de El Universal en su versión digital. Fue Secretario General de Gobierno de la Alcaldía Metropolitana de Caracas. Profesor Universitario. Presidente del Instituto de Estudios Iberoamericanos, en Caracas (Venezuela) y Editor-Asociado de las revistas arbitradas: Estudios Iberoamericanos y Arbitraje Universitario. Miembro del Programa de Promoción al Investigador. Miembro del Comité de Revistas de Ciencias Sociales de Iberoamérica.