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Declaración del COVRI sobre la denuncia del régimen de Maduro a la Carta de la OEA

Kenneth Ramírez
Escrito por Kenneth Ramírez

El Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI) ante la decisión del régimen venezolano de retirase unilateralmente de la OEA mediante la carta de Nicolás Maduro de fecha 27 de abril de 2017 entregada por su Representante Interina en la Organización, Carmen Luisa Velásquez, al Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, notificando “nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la OEA, conforme a su Artículo 143, que da inicio al retiro definitivo de Venezuela de esta Organización”, desea fijar la siguiente posición:

1) La decisión del régimen venezolano constituye una afrenta a la historia del bravo pueblo venezolano en su lucha por la libertad. Venezuela es uno de los 21 países fundadores de la OEA. La Carta de la OEA fue firmada en Bogotá el 30 de abril de 1948, por el primer gobierno elegido de manera universal, directa y secreta por el pueblo venezolano, el cual estaba encabezado además por el Presidente que ha obtenido el mayor porcentaje de votos a su favor (74,47%) en todas las elecciones libres que se han realizado en Venezuela, nuestro gran novelista Don Rómulo Gallegos. Un acto que puso de manifiesto el deseo de Venezuela, una vez conquistada la Democracia “como único e irrenunciable sistema de gobernar su conducta interior”, de “colaboración pacífica en el designio de auspiciar ese mismo sistema de gobierno y las relaciones de todos los pueblos de la Tierra” como rezaba el Preámbulo de la Constitución de 1947. En consecuencia, un eventual retiro de Venezuela de la Organización Hemisférica representa una gran responsabilidad, que no puede ser tomada sin una amplia consulta nacional, que como mínimo debería tener como colofón un Referéndum Consultivo de conformidad al Artículo 71 de la Constitución Nacional al tratarse de “una materia de especial trascendencia nacional”; máxime cuando quien pretende tomar esta decisión unilateralmente es un régimen ilegítimo que ha roto el hilo constitucional, tiene muy baja aceptación popular y se encuentra ampliamente cuestionado por la Comunidad Internacional.

2) La decisión del régimen venezolano es inédita. En los 69 años de existencia de la OEA, sólo se han dado los casos de suspensión temporal y exclusión -donde por cierto siempre estuvo involucrada indirectamente Venezuela-, pero no de un retiro unilateral. Así, tenemos el caso de la suspensión de República Dominicana en la VI Reunión de Consulta de Cancilleres celebrada en San José de Costa Rica en agosto de 1960, por el intento de asesinato del dictador Rafael “Chapita” Trujillo contra el Presidente Rómulo Betancourt; el caso de exclusión de Cuba mediante la Resolución VI de la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres celebrada en Punta del Este en enero de 1962, dada la incompatibilidad del régimen comunista liderado por Fidel Castro con los principios del Sistema Interamericano como quedó en evidencia con su agresión a la democracia venezolana mediante el fomento a las guerrillas comunistas -dejada sin efecto mediante iniciativa impulsada por el gobierno de Hugo Chávez y sus aliados en la XXXIX Asamblea General de la OEA celebrada en San Pedro Sula en junio de 2009, abriendo la puerta a un retorno de Cuba al Sistema Interamericano “de conformidad con las prácticas, los principios y propósitos de la OEA”, y permitiendo la participación de Raúl Castro en la VII Cumbre de las Américas celebrada en Ciudad de Panamá en abril de 2015-; y finalmente, el caso de suspensión temporal de Honduras en la Asamblea General Extraordinaria celebrada en Washington en julio de 2009 debido al golpe de Estado al Presidente Manuel Zelaya ya en el marco de la moderna Carta Democrática Interamericana, decisión que fue impulsada paradójicamente por el Presidente Chávez y su entonces Canciller Nicolás Maduro junto a sus aliados y la Administración Obama.

3) La decisión del régimen venezolano se sustenta en falacias. La carta de Maduro alega que las sesiones del Consejo Permanente de la OEA estuvieron llenas de “ilegalidades e irregularidades”, cuando todo lo realizado y acordado se ha ajustado a los tratados y reglamentos de la OEA. Asimismo, resulta absurdo colocar como pretexto para su intento de evasión de la Organización, las recientes Resoluciones 1078 y 1079 del Consejo Permanente calificándolas Declaración del COVRI sobre la denuncia del régimen de Maduro a la Carta de la OEA de “doloso plan de intervencionismo y tutelaje”, cuando las mismas han sido decisiones producto de una apreciación colectiva de los países miembros en el marco del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, soberanamente suscrita por Venezuela en tiempos de Hugo Chávez y por tanto vinculante para la República. Lo que ha causado molestia, es que dichas Resoluciones han dejado constancia de la grave alteración del orden constitucional que afectó gravemente el orden democrático del país tras las Sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), así como su posterior corrección con celeridad tras las instrucciones de Maduro, lo cual demostró la injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Legislativo y su subordinación al Poder Ejecutivo; además, han manifestado la creciente preocupación de la región por la posterior represión –con lamentable saldo de muertos y heridos- a las protestas populares que exigen respeto a la Asamblea Nacional, elección de nuevos magistrados, liberación de los presos políticos, cese de las inhabilitaciones, canal humanitario y un cronograma electoral.

4) La decisión del régimen venezolano muestra su bancarrota ideológica, recurriendo a la propaganda y tácticas de desinformación para ocultar su negativa a cumplir compromisos adquiridos. El agente “diplomático” de Maduro en las sesiones del Consejo Permanente fue muy poco profesional en fondo y forma, apelando reiterativamente a los principios de No Intervención e Igualdad Soberana de los Estados olvidando por completo y de manera conveniente, que el Sistema Interamericano tiene también como principios el Compromiso con la Democracia, el Respeto a los Derechos Humanos y la Solidaridad Regional. A pesar de ello, los países miembros realizaron grandes esfuerzos para evitar una posible suspensión de Venezuela de la Organización. Prueba de ello, es que como un último gesto de buena voluntad, realizaron la convocatoria a una Reunión de Consulta de Cancilleres en el marco de la Resolución 1079 del pasado 26 de abril, en el marco de la Carta de la OEA y no de la Carta Democrática Interamericana. Empero, como no se puede defender lo indefendible, Nicolás Maduro ha recurrido a la propaganda para intentar victimizarse, señalando una supuesta “agresión sistemática” del Secretario General Almagro a quien insulta de manera impropia para un Jefe de Estado en su carta, así como de la “facción minoritaria de Estados miembros” y “clientelas vasallas del monroísmo” refiriéndose a países miembros que representan el 90% del PIB y la población de América Latina y El Caribe. Bien sabe Maduro que esta mayoría, clara y en aumento, podía terminar suspendiéndole de la OEA al no estar dispuesto a cumplir con la Carta Democrática Interamericana; ergo, decidió expulsarse a sí mismo, no sin antes denunciar un supuesto “plan imperial perverso” para derrocarlo y señalar que se intentaba “reeditar con la Venezuela Bolivariana la persecución que esta Organización orquestó inmoralmente contra la digna Revolución Cubana” en 1962. De esta manera, intenta inútilmente burlar los instrumentos que garantizan la Democracia y el respeto a los Derechos Humanos en el Hemisferio, al tiempo que inicia la batalla de la opinión pública.

5) La decisión del régimen venezolano es un acto inconstitucional y nulo, de conformidad al control constitucional de la política exterior en Venezuela. El Artículo 236 Numeral 4 de la Constitución Nacional señala que el Presidente de la República dirige las relaciones exteriores. Por ello, teóricamente, el acto de denuncia de Maduro, iniciaría el proceso de 2 años al término del cual Venezuela concretaría su salida de la Organización tras cumplir con sus obligaciones. Durante este período, la Carta de la OEA y demás instrumentos jurídicos con los que cuenta la Organización seguirían vigentes, y por tanto todavía tendrían efectos en Venezuela. No obstante, al disponer la OEA de un sistema avanzado de promoción y protección de derechos humanos, su Carta fundacional, así como otros instrumentos jurídicos como la Carta Democrática Interamericana y la Carta Social de las Américas -promovida por Hugo Chávez-; tienen rango constitucional, prevalecen sobre el ordenamiento jurídico interno y dan derechos a los ciudadanos a dirigir peticiones o quejas a sus organismos de derechos humanos, según los Artículos 23 y 31 de la Constitución. Además, conforme al Artículo 19 que consagra el Principio de Progresividad, un tratado de Derechos Humanos con jerarquía constitucional no podría denunciarse. Por otra parte, el Preámbulo de la Constitución promueve la integración y la cooperación pacífica de las naciones para, entre otras cosas, garantizar los Derechos Humanos y promover la democratización de la sociedad internacional; y el Artículo 152 señala un conjunto de principios por los cuales se regirán las relaciones exteriores donde se encuentra la cooperación internacional, la integración regional, el respeto a los derechos humanos, y la defensa de los principios y la práctica democrática. De manera que, si bien el Presidente de la República dirige las relaciones exteriores tiene un límite fijado en la propia Constitución; y en este caso la denuncia de la OEA estaría violando varias normas constitucionales, lo cual ha sido señalado por la Asamblea Nacional. En consecuencia, los más escépticos deben admitir que al menos existe una controversia de interpretaciones al respecto, entre nada menos que dos poderes públicos. Aquí, teóricamente, y suponiendo la existencia de una separación e independencia de poderes, correspondería una sentencia aclaratoria de la Sala Constitucional del TSJ en ejercicio del control de constitucionalidad. El problema es que dicha Sala del TSJ, siguiendo instrucciones de Maduro, violó como señalamos el orden constitucional y carece de legitimidad. Por tanto, el acto de retirar a Venezuela de la OEA ordenado por Maduro es nulo, ya que nace de una autoridad usurpada, tal como lo señala el Artículo 138 de la Constitución.

6) La decisión del régimen venezolano agrava su aislamiento. Con Maduro, Venezuela se fue aislando progresivamente de la región. Sin los abultados ingresos petroleros y el carisma que disponía Chávez, y con su torpe gestión, Venezuela perdió la fuerza que tenía en los asuntos regionales. Sus recientes fracasos en intentar trabar la OEA colándose incluso en la 64° Cumbre de la Organización de Estados Caribe Oriental celebrada en San Vicente y las Granadinas, y en lograr un nuevo respaldo a la gastada mediación de los Ex-Presidentes Rodríguez Zapatero, Fernández y Torrijos en la menguada cita de Cancilleres de la CELAC convocada contra viento y marea el pasado 3 de mayo en San Salvador, son bastante elocuentes. El envite de Maduro con su pretendida retirada de la OEA viene a agravar su situación de aislamiento y afecta aún más su imagen internacional, pasando a ser percibido ampliamente como el líder de un régimen forajido.

7) La decisión del régimen venezolano representa una peligrosa huida hacia adelante destinada al fracaso. La denuncia de la Carta de la OEA y la convocatoria inconstitucional a una “Constituyente comunal” deben entenderse integralmente como una estrategia de signo totalitario inspirada en la historia cubana y de otros regímenes comunistas, cuyo objetivo es aislar al país de la Comunidad de Democracias, para poder imponer sin restricciones un dominio omnímodo y asfixiante sobre su población. Se trata de un golpe de Estado para tratar de resolver la “contradicción esencial del proceso” señalada desde atrás por La Habana, de emprender una “revolución socialista” con “elecciones burguesas”, de la cual se vanagloriaba Hugo Chávez y que sólo era viable con precios del petróleo en 100 $/Bl. Es decir, el régimen de Maduro ha decidido quemar las naves y emprender un putsch comunista tanto a la Constitución de 1999 como a la Carta de la OEA, para evitar de una vez y para siempre la realización de elecciones libres, intentar hacer irreversible la “Revolución Bolivariana” y atornillar su nomenklatura mafiosa en el poder. En la carta panfletaria que dirigió Maduro a Almagro, encubrió con las frases “profunda dignidad” y “nueva independencia” lo que es en realidad su inviable deriva autoritaria destinada a llevar a Venezuela al abismo; y califica su intento de salir de la OEA como un “escudo de protección de la autodeterminación, la independencia, la paz y la soberanía” cuando en realidad lo que pretende ser es erigir una muralla contra el escrutinio internacional de sus violaciones a los Derechos Humanos y la democracia en Venezuela.

8) En definitiva, estamos ante un acto ilegal e ilegítimo que forma parte de una estrategia de corte totalitario, la cual tendrá que revertir políticamente la presión popular e internacional, para que así formalmente el próximo Presidente de la República proceda a dejar sin efecto la denuncia de la Carta de la OEA.

9) Empero, quien imita fracasa. Ante las penosas declaraciones de la Canciller Rodríguez y otros funcionarios de menor importancia de que el país “puede vivir” fuera de la OEA, debemos señalar que se equivocan completamente. El país democrático seguirá siendo parte de la OEA, y quienes vivirán al margen de la misma, son quienes forman parte de un régimen que languidece y se encuentra escribiendo sus páginas finales quizás sin advertirlo. Así como Nicolás Maduro es un mediocre imitador de Fidel Castro, Delcy Rodríguez está muy lejos de ser Raúl Roa. Tampoco el contexto geopolítico actual es equiparable a la Guerra Fría, como bien pudo constatarlo el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, en su reciente visita a Moscú. Por tanto, en el Palacio de Miraflores y la Casa Amarilla deberían leer un poco más a Karl Marx, quien subrayó en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que los grandes hechos y personajes de la historia aparecen, como si dijéramos dos veces, la primera como tragedia, y la segunda como farsa.

10) El COVRI solicita a la Comunidad Internacional mostrar mayor firmeza ante la inviable deriva autoritaria que sufrimos en Venezuela. La negociación perentoria de unas elecciones generales representan la única salida electoral y pacífica posible ante la grave crisis que atraviesa el país, para lo cual se requiere una estrategia asertiva y estímulos apropiados frente un régimen que cree ilusoriamente que puede cerrarse para poder sobrevivir. La próxima Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA tiene el gran reto de encontrar una fórmula político-diplomática que evite un colapso de Venezuela con graves consecuencias para toda la región. En adelante, el régimen de Maduro será el único culpable de un desenlace que, in extremis, podría llevar a la suspensión de Venezuela de la OEA y la imposición de sanciones.

Caracas, 5 de mayo de 2016


Kenneth Ramírez  –  @kenopina


 

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Columnista

Kenneth Ramírez

Kenneth Ramírez

Doctor en Ciencias Políticas (Universidad Complutense de Madrid). MBA en Energía y Petróleo (Universidad Antonio Nebrija). Internacionalista (UCV). Presidente del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales (COVRI). Miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional. Profesor Universitario (UCV).