Criterios

Vida o muerte de la inmunidad parlamentaria en Venezuela

    No hay duda, en Venezuela se vive una lucha existencial. Ahora mismo, se libra una lucha entre el bien y el mal, la verdad y la mentira, la razón de la ley y la sinrazón de la fuerza, la justicia social y el odio de clases, la sociedad humana y el estado-gobierno cruel, la civilización y la barbarie, la vida y la muerte, en resumen, entre la democracia y la dictadura. Esta es la permanente pugna entre esos dos campos de la actividad humana que gobiernan un país. Por un lado, el campo de lo normativo, lo prescriptivo, los valores y el deber ser; por el otro lado, el campo de lo fáctico, lo descriptivo, los hechos y el ser. En este orden de ideas, cuando un gobierno carece de medios lícitos para imponer coactivamente su voluntad –como es el caso venezolano- estamos en presencia de un gobierno forajido. A propósito de esta lucha existencial, el tema que  hoy nos ocupa es el de la inmunidad parlamentaria.

    Fue octubre de 2002, en ocasión de la violación a la inmunidad parlamentaria en contra de los diputados del parlamento larense (CLEL), por parte del Juez de Control Nº 1 y la Juez de Juicio Nº 2 del circuito penal de la circunscripción judicial del Estado Lara, cuando quien esto escribe era diputado, que el CLEL produjo un acuerdo para condenar la violación, emitir un voto de censura e interponer la denuncia correspondiente ante los órganos competentes por los deplorables hechos cometidos contra varios de los suyos.

    Puede leerse en uno de los considerados del acuerdo citado: «Que la inmunidad parlamentaria es una prerrogativa procesal que la constitución otorga a los parlamentarios o diputados para evitar acciones, que lo coarten, limiten o pretendan silenciar o intimidar la actividad política como legisladores». En otro de sus considerandos: «Que la inmunidad es una garantía para la libertad personal del parlamentario para la defensa frente a determinadas acciones legales en el ámbito penal, que solo tienden a apartarle de sus responsabilidades, con evidente intencionalidad política sin responder a un legítimo empeño de reparar daños previos».

    El 1 de junio de 2017, Diosdado Cabello amenazó con la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que se elegiría el 30 de julio. Dijo con voz de trueno que la ANC podría aprobar leyes y allanarles la inmunidad parlamentaria a los diputados de la Asamblea Nacional. Por tal razón a nadie extrañó que el 17 de agosto la espuria ANC por unanimidad retirara la inmunidad parlamentaria al diputado chavista Germán Ferrer. Tampoco las constantes amenazas de Maduro a Julio Borges y Freddy Guevara acusándoles de traidores a la patria.

    Respecto de la inmunidad parlamentaria en Venezuela, a pesar de habérsela considerado como un burladero de la justicia o como una fuente de impunidades o excesos de los legisladores, muy por el contrario, el tiempo ha demostrado que son más los beneficios que los perjuicios que ha traído, en cuanto esta prerrogativa ha servido para desnudar y corregir las fallas y desviaciones que primero la democracia representativa y luego la democracia participativa y protagónica (derivada en dictadura) han arrastrado a través de todos los abusos y excesos de sus gobernantes, siendo la democracia el único sistema político capaz de auto enjuiciarse, auto corregirse y auto renovarse.

    Concluyo que la inmunidad parlamentaria NO es «un arcaísmo que deba desaparecer». Sostengo que este importante fuero parlamentario debe ser defendido como a la democracia misma por ser consustancial o inmanente a ella, tal como son los principios de alternabilidad, separación de poderes, soberanía popular, entre otros importantes principios.


Atilano Linares – @atilanolinares


 

 

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