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«Petróleo, Instituciones y Capital Social» por @jorgeluis_ucv

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Douglas North (2005), argumenta que las instituciones son las normas y reglas, que delimitan de manera directa las acciones de los actores sociales en diferentes frentes, como el político, el jurídico o el económico. Las instituciones crean incentivos para el mantenimiento de estos controles, es decir, son los contrapesos que no permiten la extralimitación de poder de parte de cualquier órgano, institución o persona. Así mismo, las fortalezas y debilidades de una institución son medibles según el ámbito de discrecionalidad en que se elaboran e implementan las reglas.

Si hay algo que ha quedado claro en la Venezuela de hoy, es el continuo secuestro de las instituciones que rigen el orden democrático, por ende, se ha secuestrado a la democracia, convirtiéndola en apenas una cáscara vacía con instituciones secuestradas y serviles a un proyecto político. En ese sentido, los recursos generados por la principal actividad económica nacional, el petróleo, han ido a parar al servicio de esas instituciones viciadas, y se ha convertido en una filtración de recursos imparable que no termina de generar ningún tipo de bienestar ciudadano. El gasto social ejecutado en ese sistema institucional deficiente, termina por convertirse no solo en tierra fértil para la corrupción, sino que además es capaz de corroer el sistema productivo nacional, incluyendo el petróleo, y desmoronar el tejido social en sí mismo.

Los planteamientos de José Antonio Marina (2010) sobre las instituciones, aluden que éstas forman parte de un sistema fundamental para el desarrollo de lo que él llamó “Inteligencia compartida” o “inteligencia social”. Si se entiende la inteligencia como “la capacidad de dirigir bien el comportamiento, captando elaborando y produciendo información” (p.21), y el término dirigir se comprende como revolver adecuadamente los problemas, para alcanzar la inteligencia social es crucial mantener un sistema institucional capaz de atender y solventar esos problemas.

En palabras de Marina (2010), las herramientas intelectuales para contribuir al desarrollo de la inteligencia social, pueden ser reales o ideales, y las instituciones son una herramienta ideal en tanto que permiten realizar actos que sin ella sería imposible, y permite el desarrollo pleno del individuo en su entorno. “Cada cultura se caracteriza porque pone a disposición de sus ciudadanos un repertorio mayor o menor de herramientas” (p.25). Es decir, las instituciones deben servir como instrumentos para la resolución de problemas del ciudadano, para su protección ante el Estado, y como fase de interacción entre individuos que comparten un sistema social.

El capital social es, en resumen, parte de la “cabeza de actividades productivas”, que genera un círculo virtuoso de elevados niveles de bienestar colectivo, es parte de los fines de una sociedad inteligente. Y “las instituciones son un caso claro de capital social”. Menciona Marina (2010): “El capital social de una ciudad es el sistema de normas que rigen la convivencia, el modo de resolver los conflictos, la participación ciudadana para enfrentarse a los problemas y amplias las capacidades de acción de cada ciudadano, el clima emocional, las asociaciones privadas y las instituciones públicas”. Para la creación y buen manejo de ese capital social, una palanca fundamental es el petróleo, sin embargo, tras haber vivido la mayor bonanza petrolera de la historia venezolana, la realidad es otra.

Si se desata una ola de desconfianza sobre el sistema institucional, si el ciudadano se queda sin recursos ante los cuales defenderse, y si se destruye las capacidades del esquema de responder a los problemas comunes, el desarrollo de la industria petrolera sería en vano.

El pensamiento estatista se ha sentado sobre la base de la renta petrolera, creciendo así la dependencia de la economía sobre el petróleo. “Y al ser el petróleo una extensión del Estado, en suma, en un claro quiebre de los principios republicanos en los cuales debe basarse nuestro Derecho Público, y que postulan que la sociedad, libre y organizada, está primero que el Estado” (Hernández; 2016)

El modelo político parece sostenerse sobre una sola base, la renta petrolera. Si tiemblan los ingresos fiscales, tambalea el modelo. “El socialismo del siglo XXI ha terminado por ser otra forma de rentismo particularmente aguda. Nada de lo que pone en marcha puede sustentarse sin renta petrolera” (Bautista;2013, p.423). A su vez, un modelo tal parece requerir también de “una reducción del nivel de demandas y aspiraciones sociales y colectivas”, es decir, de una disminución de la inteligencia social. Entonces, ¿qué clase de productividad puede tener la industria energética y la sociedad venezolana cuando un sistema está moldeado solo para responder a un proyecto partidista?

Si el capital social se crea a través del sistema de normas que rige la convivencia, resuelve de la mejor manera los conflictos contando con la participación ciudadana, y el respeto a las instituciones públicas y asociaciones privadas, vale decir que Venezuela, carece ampliamente de ese capital social. El sistema de normas no son más que letra muerta, los conflictos crecieron abismalmente, la participación se reduce paulatinamente, se saltan las instituciones públicas y se atacan a las asociaciones privadas, el saldo es entonces, una sociedad en vías de fracasar en la creación de su capital social.

La alta deuda contraída por PDVSA a partir del año 2007 y que fue en acelerado crecimiento en los años subsiguientes, desbarata las posibilidades de la distribución del ingreso en distintas generaciones. La capacidad para decidir discrecionalmente sobre la renta pone de manifiesto el poco respeto por la creación de cultura, riquezas, y bienestar a largo plazo, y la poca creación de conciencia sobre el uso y cuidado de los bienes y recursos comunes a través del excesivo y mal gasto social, alejan a Venezuela de ser una sociedad con un gran capital y con una inteligencia colectiva sana y sustentable.

Ese esquema institucional que ha regido en los últimos 18 años, no solo ha terminado endeudando generaciones de venezolanos que aún no han nacido, sino que además no fue capaz de aprovechar el incremento del precio del barril para aumentar su productividad e inversión en nuevos proyectos en la industria petrolera. PDVSA no solo se estancó como fuente de creación de capitales económicos y profesionales, desbarató una oportunidad importante de ser generadora de capital social.

Ante tal escenario, y bajo esas perspectivas narradas, siempre existen las formas de salir de ese sistema viciado que corrompe las relaciones entre el Estado, el ciudadano, y su principal industria nacional, y es una reforma institucional. Al igual que el proceso de conversión profunda que requieren el petróleo pesado y extrapesado de la faja petrolífera del Orinoco, la reforma institucional debe ser a profundidad, con alta capacidad técnica y humana.

En un reciente trabajo de investigación publicado por el portal prodavinci, varios analistas argumentan las posibilidades que tiene el país para enfrentar el pago de su deuda. Francisco Rodríguez, argumenta que un primer paso para rescatar al país sería la estabilización de PDVSA, no sobrecargar a la industria petrolera, y profesionalizar la gerencia de la empresa. Tamara Herrera, por su parte, hace ver que se debe crear un clima de negocios con un marco jurídico capaz de promover la inversión y la productividad, y eso se logra, rescatando a PDVSA.

Petróleos de Venezuela S.A., es la institución y empresa del Estado que administra y lleva la exploración, conducción y operatividad de la industria energética nacional, reformarla y hacerla productiva se vuelve imperativo, hacerla eficiente es crucial, y dar rigidez al marco jurídico de administración de los recursos una piedra angular de una reforma institucional. Otras instituciones de contrapesos como la Asamblea Nacional, el BCV, o el Ministerio de Energía deben regirse por sendos aparatos que le devuelva no solo a la industria petrolera nacional, sino al país, criterios eficientes de productividad para hacer creíble cualquier cambio económico.

A diferencia del proceso de conversión profunda, la reforma institucional profunda no requiere tanto financiamiento, pero requiere de celeridad, eficiencia, y trasparencia en el manejo de los recursos que va a tener como consecuencia una mayor seguridad jurídica a inversionistas nacionales o extranjeros. Devolverle la credibilidad al sector petrolero venezolano pasa por hacer creíble los cambios institucionales de la empresa que conduce el sector.

La credibilidad es, en definitiva, no solo una variable concluyente de los procesos económicos, sino también de los procesos de producción de capital social.


Jorge Urdaneta  –  @jorgeluis_ucv


 

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