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La Constituyente “comunal” por Luis Loaiza Rincón

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El 1ero de mayo de 2017 Nicolás Maduro, invocando el artículo 347 de la Constitución Nacional, anunció públicamente su decisión de “convocar” una Asamblea Nacional Constituyente (ANC), de carácter originario, “profundamente obrera y comunal”, sin “partidos ni élites”, “para tomar el Estado y el parlamento nacional”, al que catalogó como “podrido”.

  • Hacia el “Estado Comunal”.

La connotación más resaltante de la ANC convocada por Maduro es su carácter “comunal”, con lo cual se afirma el propósito de implantar constitucionalmente al “Estado Comunal”, algo que desde hace años vienen buscando los jerarcas del régimen, a través de una nueva institucionalidad sociopolítica que les permita construir un socialismo que tenga como soporte a la “comuna”.

El “Estado Comunal” se entiende como la forma de organización político social que, a partir de la comuna como célula fundamental, permita construir la sociedad socialista. Las comunas se asumen “como entidades locales conformadas por el conjunto de comunidades, que poseen un ámbito geográfico, una memoria histórica compartida, gentilicio, usos, costumbres, rasgos culturales que los identifica e intereses comunes que se reconocen en el territorio que ocupan y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica”. Las comunas tendrían competencias “sobre aspectos territoriales, políticos, económicos, sociales, culturales, ecológicos, de seguridad y defensa” y podrían conformar “ciudades socialistas”, “impulsadas a través de la cogestión de sus habitantes”. El “socialismo”, a su vez, se entiende como un modo de relaciones sociales de producción centrado en la convivencia solidaria y la satisfacción de necesidades materiales e intangibles de toda la sociedad, desde el desarrollo de la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos, “que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas posean, usen y disfruten de su patrimonio o propiedad individual o familiar” (Ley de las Comunas).

Ya en el año 2007 se quiso imponer este modelo. En efecto, la fallida reforma constitucional propuesta ese año, contenía una serie de conceptos e instituciones que transformaban el Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución de 1999. Estas nuevas estructuras formaban parte de la “nueva geometría del poder” y “la explosión del poder popular”, líneas estratégicas insertas en los llamados “cinco motores de la revolución” que dio a conocer Chávez después de su triunfo electoral en diciembre del 2006. La realidad de los años siguientes demostró que paulatinamente se fueron incorporando estas propuestas a través de la legislación ordinaria, sin la convocatoria del poder constituyente.

La primera de estas leyes fue la Ley Orgánica de los Consejos Comunales en el año 2009, seguida por la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y su Reglamento en el 2010. En diciembre de ese año se aprobaron varias de estas normativas: Ley Orgánica de Contraloría Social, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, Ley Orgánica del Sistema Económico Comunal y Ley Orgánica de las Comunas. De igual forma reformaron la legislación vigente para adecuarla a las estructuras del Poder Popular, reformando la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley de los Consejos Locales de Planificación Pública y la Ley de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas Estadales. En el 2012 se publicaron la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal y la Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de Competencias, Servicios y otras Atribuciones.

Estamos, por tanto, ante un complejo normativo de más de 12 instrumentos legislativos que tiene dos vertientes o ámbitos: el político y el económico.

Desde el punto de vista político se busca instalar un Estado paralelo a la clásica división político-federal de República, estados y municipios. Frente a gobernadores, consejos legislativos estadales, alcaldes y concejos municipales, surge una nueva estructura conformada por consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, distritos motores de desarrollo, confederaciones comunales y ejes estratégicos de desarrollo territorial. De allí el poco interés de realizar las elecciones regionales, vencidas desde diciembre de 2016, y las elecciones locales que deben hacerse en diciembre de 2017.

El sistema de agregación comunal parte del consejo comunal, cuyas autoridades son electas por los ciudadanos de cada comunidad en asamblea de ciudadanos. Sin embargo, en las comunas la elección de autoridades es de segundo grado, ya que sólo son electores los voceros de los consejos comunales. A ello debe agregarse la ideologización político-partidista que contradice el principio de pluralismo político y social que proclama nuestra Constitución Nacional.

Por su parte, la ley que crea el Consejo Federal de Gobierno constituye en esencia una violación del texto constitucional vigente ya que centraliza el poder total a nivel del Presidente del Ejecutivo Nacional y erradica la autonomía de los entes territoriales. Se propone el manejo discrecional de los recursos presupuestarios, acabando con la descentralización fiscal, y en última instancia, acaba con la vigencia del federalismo consagrado en la Constitución de 1999.

En el Estado Comunal, con la comuna como su célula fundamental, el municipio, como unidad política primaria de la organización nacional (Artículo 168 de la Constitución Nacional), queda suplantado en el ejercicio de una “democracia directa” que también prescinde de los partidos políticos y de otras formas de representación. Se trata, por tanto, de un sistema político diametralmente distinto al contemplado en la Constitución Nacional vigente.

En su vertiente económica, el “Estado Comunal” propugna un sistema que desconoce los parámetros esenciales que mueven una economía de mercado, impulsando un modelo socialista, de profundo carácter estatista y controlador, en el que las personas podrán poseer, usar y disfrutar, pero no disponer, de su patrimonio o propiedad individual o familiar.

  • Objetivos programáticos de la ANC de Maduro.

Conocido el Decreto No. 2.830 publicado en Gaceta Oficial No. 6.295 de fecha 01 de mayo de 2017, puede observarse que se proponen los siguientes “objetivos programáticos de la Asamblea Nacional Constituyente”:

  1. La paz como necesidad, derecho y anhelo de la nación, el proceso constituyente es una gran convocatoria a un diálogo nacional para contener la escalada de violencia política, mediante el reconocimiento político mutuo y de una reorganización del Estado, que recupere el principio constitucional de cooperación entre los poderes públicos, como garantía del pleno funcionamiento del Estado democrático, social, de derecho y de justicia, superando el actual clima de impunidad.
  2. El perfeccionamiento del sistema económico nacional hacia la Venezuela Potencia, concibiendo el nuevo modelo de la economía post petrolera, mixta, productiva, diversificada, integradora, a partir de la creación de nuevos instrumentos que dinamicen el desarrollo de las fuerzas productivas, así como la instauración de un nuevo modelo de distribución transparente que satisfaga plenamente las necesidades de abastecimiento de la población.
  3. Constitucionalizar las Misiones y Grandes Misiones Socialistas, desarrollando el Estado democrático, social, de derecho y de justicia, hacia un Estado de la Suprema Felicidad Social, con el fin de preservar y ampliar el legado del Comandante Hugo Chávez, en materia del pleno goce y ejercicio de los derechos sociales para nuestro pueblo.
  4. La ampliación de las competencias del Sistema de Justicia, para erradicar la impunidad de los delitos, especialmente aquellos que se cometen contra las personas (homicidios, secuestro, extorsión, violaciones, violencia de género y contra niños y niñas); así como de los delitos contra la Patria y la sociedad tales como la corrupción; el contrabando de extracción; la especulación; el terrorismo; el narcotráfico; la promoción del odio social y la injerencia extranjera.
  5. Constitucionalización de las nuevas formas de la democracia participativa y protagónica, a partir del reconocimiento de los nuevos sujetos del Poder Popular, tales como las Comunas y Consejos Comunales, Consejos de Trabajadores y Trabajadoras, entre otras formas de organización de base territorial y social de la población.
  6. La defensa de la soberanía y la integridad de la nación y protección contra el intervencionismo extranjero, ampliando las competencias del Estado democrático, social, de derecho y de justicia para la preservación de la seguridad ciudadana, la garantía del ejercicio integral de los derechos humanos, la defensa de la independencia, la paz, la inmunidad, y la soberanía política, económica y territorial de Venezuela. Así como la promoción de la consolidación de un mundo pluripolar y multicéntrico que garantice el respeto al derecho y a la seguridad internacional.
  7. Reivindicación del carácter pluricultural de la Patria, mediante el desarrollo constitucional de los valores espirituales que nos permitan reconocernos como venezolanos y venezolanas, en nuestra diversidad étnica y cultural como garantía de convivencia pacífica en el presente y hacia el porvenir, vacunándonos contra el odio social y racial incubado en una minoría de la sociedad.
  8. La garantía del futuro, nuestra juventud, mediante la inclusión de un capítulo constitucional para consagrar los derechos de la juventud, tales como el uso libre y consciente de las tecnologías de información; el derecho a un trabajo digno y liberador de sus creatividades, la protección a las madres jóvenes; el acceso a una primera vivienda; y el reconocimiento a la diversidad de sus gustos, estilos y pensamientos, entre otros.
  9. La preservación de la vida en el planeta, desarrollando constitucionalmente, con mayor especificidad los derechos soberanos sobre la protección de nuestra biodiversidad y el desarrollo de una cultura ecológica en nuestra sociedad.
  • Valoración del Decreto 2.830.

Tales enunciados, a duras penas disimulan el verdadero propósito del régimen, permanecer en el poder a través de una dictadura que permita:

  • Reorganizar al Estado para anular a la Asamblea Nacional vigente.
  • Profundizar el modelo socialista basado en la promoción de la propiedad social y el control centralizado de la producción y la distribución de bienes de consumo.
  • Imponer al “Estado Comunal” con fuerza y rango constitucional.
  • Controlar de forma total al Sistema de Justicia para criminalizar el ejercicio de la disidencia política.
  • Imponer un sistema corporativo distinto al de representación política que sirve de fundamento a la democracia.
  • Establecer un Estado de Policía a partir de la tipificación de los delitos morales y de opinión.
  • Profundizar el control sobre las tecnologías de la información para censurar a la sociedad.

Del artículo 1ero del Decreto 2.830 se desprende que el Presidente de la República excede su capacidad constitucional de marcar la iniciativa de convocar el proceso constituyente, dado que tal capacidad se limita a solicitar que, mediante referendo, se consulte al pueblo si quiere o no acudir a una constituyente. Por lo tanto, el Decreto N° 2.830 usurpa la soberanía popular al “convocar” a una constituyente sin apoyo popular.

El artículo 2do del decreto señala que los integrantes de la constituyente serán elegidos “en los ámbitos sectoriales y territoriales”, mediante el “voto universal, directo y secreto”. Esto es un fraude, pues el voto “sectorial y territorial” no es universal y, además, el voto no pude ser universal y sectorial al mismo tiempo. El voto es universal sólo si cualquier elector puede postularse y cualquier elector puede decidir, con base en los artículos 61 y siguientes de la Constitución. Pero el decreto ya anuncia que la elección de los miembros de la constituyente será por sectores, o sea, por representantes escogidos dentro de los sectores que establezca el gobierno.

Por tanto, no nos encontramos ante una ANC de carácter democrático, sino ante una constituyente arreglada para que el gobierno imponga su voluntad, contando de antemano con la mayoría de sus integrantes.

Las “bases comiciales” de la ANC, que serán elaboradas por la Comisión Presidencial designada al efecto, al contrario de lo ocurrido con la Constituyente de 1999, no serán sometidas a la consideración popular en referendo. De manera que el pueblo acudirá a un proceso constituyente con las reglas y términos que imponga el régimen. Ello sería otra usurpación, pues sólo el pueblo, mediante el voto directo, secreto y universal, puede aprobar esas bases de conformidad con el artículo 347 de la Constitución. El artículo 1° del Decreto N° 2.831 alude que esas bases serán “consultadas”, cuando en realidad, la única consulta válida es al pueblo, para que mediante referendo se pronuncie sobre si quiere o no acudir a una constituyente y, de ser el caso, aprobar sus bases.

La ANC “comunal” representa un fraude a la Constitución y constituye la consumación del golpe de Estado continuo emprendido por Maduro desde el triunfo de la nueva mayoría democrática en la Asamblea Nacional.

La constituyente comunal de Maduro deja claro algo que el chavismo ha adelantado en varias oportunidades: que quiere permanecer indefinidamente en el poder y que no acepta límites genuinamente democráticos. Lo hizo con la derrotada propuesta de reforma constitucional de 2007; otra vez en el 2015 con el llamado “Parlamento Comunal” que activó apenas conoció la magnitud de su derrota electoral en las elecciones legislativas de diciembre de 2015. Lo intentó de nuevo con las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, emitidas en marzo de 2017, a partir de las cuales se buscó dejar sin efecto la inmunidad parlamentaria por supuesto desacato de la AN al señalar que la inmunidad parlamentaria no existiría en casos de ilícitos constitucionales y penales flagrantes y ordena al Presidente a utilizar el Estado de Excepción para adoptar cualquier medida civil, económica, militar, penal, administrativa, política, jurídica y social con el objeto de “salvaguardar” el orden constitucional. Incluso, le ordena a Maduro legislar y reformar la Ley contra Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la Ley contra la Corrupción, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y el Código de Justicia Militar con lo cual, de forma inconstitucional, habilita al presidente para legislar en cualquier materia penal (Sentencia 155). Por su arte, con la sentencia 156 de la Sala Constitucional del TSJ de fecha 29-3-2017, que interpretó el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, no sólo se estableció, ilegal e inconstitucionalmente, que el Ejecutivo Nacional puede constituir empresas mixtas en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN, contrariamente a lo establecido en la referida normativa que establece que sólo con autorización de la AN y con base en el Artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, se puede autorizar la creación de empresas mixtas; sino que la Sala Constitucional asume las competencias del Parlamento mientras dure su supuesto desacato.

Frente a la imposibilidad de salirse con las suyas, ahora Maduro “convoca” una ANC para imponer una dictadura a través de una nueva Constitución que sustituya a la de 1999, que aunque hecha y promovida por Chávez, es una constitución democrática y liberal, que se ha convertido en un dolor de cabeza para los jerarcas del régimen. Con la nueva Constitución se buscará acabar definitivamente con la democracia electoral en Venezuela para que la revolución permanezca en el poder, aunque la mayoría del pueblo la rechace.

La Constitución aprobada entrará en vigor con su publicación en Gaceta Oficial, sin necesidad de un referendo aprobatorio. El gobierno aprovechará el vacío constitucional en el que se deja implícita pero no explícita la obligación de validar esa nueva constitución con el pueblo. Darán por concluida la nueva constitución con la sola redacción y aprobación de la Asamblea Constituyente que quieren conformar sesgadamente, escondidos en el concepto de democracia “directa”, que no es más que una excusa para acabar con la democracia real.

El constituyente originario es el pueblo, en quien reside intransferiblemente la soberanía, tal como se establece expresamente en los artículos 5 y 347 de la Constitución y la soberanía se ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución o, indirectamente, por los órganos que ejercen el Poder Público y por el voto, y cualquier convocatoria a una ANC debe preservar la universalidad del sufragio, por lo que estaría fuera de la Constitución la instalación de un órgano corporativo que fracture la soberanía popular.

  • ¿Y ahora qué?

Lejos de rescatar equilibrios, la decisión constituyente acelera la crisis, impide cualquier acuerdo o diálogo entre gobierno y oposición y obliga a los opositores a activar la lucha de calle con más fuerza. Es impensable participar en esa convocatoria fraudulenta.

A partir de ahora será mucho más relevante consolidar la unidad de todas las fuerzas democráticas y de todos los sectores sociales enfrentados a la dictadura, de forma que pueda triunfar la lucha por el rescate de la democracia. Al mismo tiempo, será muy importante consolidar el rechazo internacional frente a tan grave violación de derechos humanos y democráticos y frente al intento de consolidar una dictadura absolutamente inaceptable para los demócratas de Venezuela y el mundo.


Luis Loaiza Rincón


 

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